Planeta o muerte, venceremos” fue la consigna lanzada por Evo Morales en la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado, con la que retomó las conclusiones de la Conferencia Mundial de Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra realizada cinco meses antes en Bolivia. Este evento similar a las “cumbres sociales” del movimiento antiglobalización intentó influir en las decisiones internacionales sobre esos temas mediante una retórica anticapitalista y una crítica al desarrollismo de tipo industrial.
El rol asumido por el presidente boliviano en la arena global se sustenta en el valor simbólico que tiene su condición indígena y en la representación que le ha conferido el movimiento indígena y campesino de Latinoamérica. Esta representatividad provocó que la ONU lo nombrara el año pasado “Héroe Mundial de la Madre Tierra” por su defensa de la naturaleza, un reconocimiento a una postura ecologista que adquiere otra connotación por el perfil identitario del mandatario boliviano.
Si la imagen internacional de Evo Morales está definida por esos elementos culturales y simbólicos, el proyecto de transformaciones políticas, sociopolíticas y culturales que impulsa su partido desde su arribo al gobierno en enero de 2006 enfrenta varios conflictos que cuestionan esa imagen positiva. La pregunta que surge es si existe congruencia entre la retórica ambientalista indigenista sintetizada en la noción de Vivir Bien –en armonía con la naturaleza– y las políticas de desarrollo que impulsa el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Por lo pronto, en los últimos meses se han producido una serie de conflictos entre el partido de gobierno y sectores sociales de raigambre campesina e indígena que conforman su base de apoyo. En ellos se expresan las tensiones inherentes a un modelo de desarrollo que combina la reactivación del desarrollismo estatista y el reconocimiento de derechos colectivos a los pueblos indígenas. Por un lado, se amplía el rol del Estado en la economía, con el objetivo de cumplir las tareas convencionales de industrialización y desarrollo endógeno generando excedente económico mediante exportaciones de materias primas y recuperando aspectos del nacionalismo revolucionario de la década del cincuenta. Por otro lado, se enriquecen la democracia y la ciudadanía porque la nueva Constitución Política del Estado, aprobada mediante referéndum en enero de 2009, consagra derechos para los pueblos indígenas que implican el reconocimiento de autonomía, autogobierno, valores culturales, instituciones propias, así como la consolidación de entidades territoriales, y cuya vigencia plena entra en contradicción con algunos proyectos de desarrollo impulsados desde el Estado con participación de inversores extranjeros.
La síntesis de estas transformaciones es la definición del estado boliviano como Estado Plurinacional, una forma estatal que mantiene su carácter unitario, pero reconoce la existencia de gobiernos autónomos en el nivel subnacional: departamental (provincial),
regional, municipal e indígena, como ejemplo de descentralización política. Un modelo de Estado que acepta el pluralismo en diversas facetas: política, jurídica, lingüística, cultural y económica; y en el caso de la economía incluye varios tipos: estatal, privada, comunitaria y
cooperativa. El aspecto novedoso, empero, de ese “pluralismo nacional” tiene relación de manera primordial con el reconocimiento de un nuevo sujeto portador de derechos, esto es, las “naciones y pueblos indígena originario y campesinos”. Un sujeto colectivo que es una ficción jurídica, porque no tiene referente específico en la realidad sociológica del país, sino que es resultado de la combinación discursiva de, por lo menos, tres grupos sociales: las organizaciones comunitarias de tierras altas (altiplano y valles interandinos), que se autodefinen como “naciones originarias”; los grupos étnicos de tierras bajas (llanos y Amazonia) que se reconocen como “pueblos indígenas”; y los “campesinos” que son los trabajadores rurales, regantes, productores de hoja de coca y colonizadores de diversas regiones y que corresponden a una identidad clasista que se articuló en una poderosa red de sindicatos agrarios desde los años cincuenta del siglo pasado y adquirió una fortaleza inusitada en el actual ciclo democrático.
En la medida en que no existe ningún agente o sujeto social que reúna todos esos rasgos o
características identitarias, la aplicación de los derechos colectivos enfrentará limitaciones y, por ende, el Estado se arrogará su representación para conciliarlos con los intereses generales o nacionales. Estos intereses son definidos por el partido de gobierno, aunque sus políticas produzcan disyunciones con los movimientos u organizaciones sociales que conforman su base de apoyo político electoral. Es decir, una vez concluida la fase “épica” de lo que el MAS denomina “el proceso de cambio” con la aprobación de la nueva Constitución y la reelección de Evo Morales en 2009, la política boliviana ha ingresado al “tiempo de las cosas pequeñas”: el de encarar los desafíos de la gestión pública, evaluar la pertinencia de sus políticas sociales redistributivas y conciliar los planes de inversión estatal con las demandas sociales y los derechos colectivos.
Con esa finalidad, durante el primer semestre de este año, el oficialismo utilizó su mayoría calificada de dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa para aprobar las leyes orgánicas del poder judicial, el régimen electoral, el tribunal constitucional y el régimen de autonomías y descentralización. Estas normas dieron cuerpo a la nueva institucionalidad estatal, aunque su tratamiento y aprobación se produjo sin debate público ni deliberación parlamentaria, menoscabando el pluralismo político que promueve la propia Constitución del Estado. El MAS controla el poder legislativo y la mayoría de los gobiernos departamentales y municipales con lo que se constituye en un partido hegemónico o dominante. En consecuencia, la dinámica política está circunscrita, por ahora, a lo que acontece en el seno del partido de gobierno –puesto que no existen fuerzas de oposición relevantes– y, también, en las relaciones entre el MAS y las organizaciones populares. En estas circunstancias surgen, como veremos, contradicciones entre el interés general que dice representar el Estado y las reivindicaciones particulares, los intereses corporativos, las necesidades grupales y las demandas sectoriales, sobre todo de los actores sociales afines al gobierno.
la nueva constitución política del estado, aprobada mediante referéndum en enero de 2009, consagra derechos para los pueblos indígenas que implican el reconocimiento de autonomía, autogobierno, valores culturales, instituciones propias, así como la consolidación de entidades territoriales.
La primera gestión gubernamental del MAS (2006-2009) había estado caracterizada por la polarización política debido a la acción opositora en algunas regiones y ciudades. La existencia de un “enemigo” (neoliberales, partidos tradicionales, élites regionales, imperio, “separatismo”) permitía aglutinar a diversos actores sociales populares en torno a la defensa del gobierno, al cumplimiento de demandas de alta convocatoria, como la aprobación de una nueva Constitución Política, y a la profundización de una política de nacionalización de recursos naturales para fortalecer la presencia del Estado en la economía.
En los primeros meses del segundo gobierno, las contradicciones emergieron en el bloque social que respalda al presidente Morales porque en esa coalición conviven actores sociales cuyas demandas e intereses no se eliminan bajo el supuesto de la existencia de un interés general encarnado por el Estado. Esta situación exige la búsqueda de un punto de equilibrio que satisfaga a todos los actores o, por lo menos, que no tenga consecuencias negativas para algunos de ellos ni, desde la óptica del gobierno, para el Estado. Un ejemplo al respecto es la construcción de una importante carretera que vincula los valles con la región amazónica y pone en cuestión los derechos de varios pueblos indígenas porque un tramo de esa vía cruza por territorio indígena que es, además, reserva natural y parque nacional por su riqueza en biodiversidad. Para el Estado esta obra es estratégica porque consolidaría la integración territorial con efectos positivos para el mercado y permitiría la promoción de nuevas inversiones para la explotación de hidrocarburos. Otro tema fue la aprobación de la ley sobre régimen electoral que reconoce instituciones de democracia representativa, participativa, directa y comunitaria. En el caso de la
democracia comunitaria, esta norma reconoce un porcentaje mínimo de circunscripciones especiales –que corresponden solamente a pueblos indígenas minoritarios– para la conformación de la Cámara de Diputados. Este aspecto fue cuestionado por las organizaciones indígenas de tierras bajas que exigieron un incremento de las cuotas de participación indígena en la Asamblea Legislativa, empero, el partido de gobierno derivó el tema de la redefinición de circunscripciones electorales a los resultados de un nuevo censo de población previsto para el año 2011.
En síntesis, la implementación del Estado Plurinacional presenta problemas por la tensión, por ahora, irresuelta entre un desarrollismo de tipo extractivista con protagonismo estatal y los derechos colectivos que dice representar el Estado a través de un proyecto gubernamental que apela a la retórica indigenista. Otra tensión está referida a la promoción del pluralismo en un escenario político que se caracteriza por el predominio del partido de gobierno en los distintos espacios decisorios de la política institucional y que pone en cuestión la calidad de la democracia pese a los innegables éxitos en la inclusión de actores, identidades y demandas sociales antaño marginados de los juegos de poder político. En estas circunstancias, el derrotero del proyecto del MAS depende de la capacidad para ejecutar políticas gubernamentales
a partir de encontrar puntos de equilibrio entre las necesidades de desarrollo económico nacional y los derechos colectivos que promueve la norma constitucional. Sólo de esta manera, es posible que la proclama de Evo Morales para “salvar el planeta” se vuelva verosímil como las medidas adoptadas por su gobierno para resolver los rezagos históricos en pobreza y desigualdad estructural que caracterizan la realidad boliviana.
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