Existen dos grandes áreas en las que se puede medir el efecto del cambio climático en Latinoamérica; por un lado, el impacto sobre los sistemas ecológicos –incluidos los agro-ecosistemas, la biodiversidad y los regímenes hídricos–, y, por otro, las consecuencias comerciales y económicas que pueden llegar a provocar las medidas que se exijan a los grandes países de América latina o que adopten los mercados de exportación. En esta nota analizaremos el impacto del cambio climático sobre los sistemas ecológicos de la región, así como las principales alternativas pensadas para enfrentar ese problema.
¿qué nos dicen los informes? El Informe Stern (2006) fue el primero a escala global que procuró estimar el impacto económico derivado del cambio climático. En él se establece que América latina es una región vulnerable, especialmente durante los fenómenos conocidos como “El Niño” y “La Niña”. Bolivia, Honduras, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Belice, Paraguay, Guyana y los pequeños estados caribeños conformarían el grupo de los países con mayor riesgo. La vulnerabilidad se relaciona con el aumento, ya constatado en la última década, de fenómenos climáticos extremos (desastres naturales como huracanes, inundaciones y sequías), y con la dificultad de las poblaciones para afrontar la falta de agua potable y la expansión de enfermedades como el dengue. Además, 60 de las 77 ciudades latinoamericanas con más densidad de población están situadas sobre la costa, situación que favorece las inundaciones, la contaminación de las napas freáticas con agua salada, la limitación en la disponibilidad y calidad de agua potable, y el crecimiento del nivel del mar.
En 2007, el Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático también dedicó una sección a América latina. En ella se estima que para mediados de siglo los aumentos de temperatura y la disminución de humedad del suelo expandirán la sabana y reducirán el bosque tropical de la Amazonia oriental; aumentarán el riesgo de extinción de especies; bajarán la productividad de algunos cultivos importantes y de la actividad pecuaria; e incrementarán los rendimientos de soja en áreas templadas. Este informe considera que será mayor el número de personas con riesgo de pasar hambre y que será más difícil el acceso al agua potable necesaria para las ciudades, la agricultura y la generación de energía, como consecuencia del cambio en los patrones de precipitación y la desaparición de glaciares.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaboró el año pasado un estudio en el que también indica alteraciones en la temperatura y las precipitaciones en la región del Amazonas, tanto en la estación seca como en la húmeda. Este panorama es más preocupante si se tiene en cuenta la precaria infraestructura de la zona y la frágil situación de gobernabilidad. Además, el crecimiento del nivel del mar provocará efectos adversos en las zonas costeras bajas (El Salvador, Guyana y costa de la provincia de Buenos Aires), en la morfología costera (Perú) y en la disponibilidad de agua potable en la costa del Pacífico de Costa Rica y Ecuador y en el estuario del Río de la Plata. Es muy probable que se vean afectados los arrecifes de coral mesoamericanos (México, Belice y Panamá) y que se formen manglares (Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela). El cambio en los regímenes de agua, los huracanes e incluso el derretimiento de glaciares impactarán lógicamente en la industria del turismo.
entre la adaptación y la mitigación América latina deberá destinar amplios recursos tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático. La adaptación supone adecuar la infraestructura existente para poder sortear los impactos socioeconómicos más graves, esto incluye desde medidas para evitar inundaciones, hasta seguros agrícolas y campañas de prevención de enfermedades. Salvo honrosas excepciones, las medidas serán financiadas por los países afectados, ya que la ayuda internacional está centrada en la reducción de emisiones y no en la adaptación. Esta realidad produce una gran injusticia distributiva, ya que los países pobres que no han tenido participación en la generación del cambio climático serán los que asuman los mayores costos de adaptación. Valen como ejemplos los graves daños económicos y la pérdida de vidas humanas como consecuencia de las severas inundaciones en Centroamérica y Pakistán, en 2010.
Los sectores agrícola, ganadero y forestal deberían comenzar de manera urgente a considerar los posibles efectos del cambio climático, especialmente al planificar inversiones a largo plazo.
Entre las prioridades para la adaptación, la CEPAL señala la necesidad de construir defensas costeras que toleren el aumento de las inundaciones y la subida del nivel del mar. Los sectores agrícola, ganadero y forestal deberían comenzar de manera urgente a considerar los posibles efectos del cambio climático, especialmente al planificar inversiones a largo plazo. En este sentido podemos destacar el esfuerzo de la industria vitivinícola, que ha realizado un estudio sobre el tema, en el que se identifican los impactos esperados y se proponen las medidas de adaptación para enfrentarlos.
Como dijimos, los países desarrollados ponen el acento en los esfuerzos de mitigación y, en particular, en la disminución de las emisiones provenientes de actividades industriales y de la producción de energía. El foco está puesto en los grandes países en desarrollo (China, Brasil e India) que, sumados a los Estados Unidos, concentran la mayoría de las emisiones actuales y las proyectadas y, por lo tanto, concitan los esfuerzos internacionales por acordar metas de mitigación.
En la Argentina, la Fundación Bariloche ha tomado la delantera en su estudio “Argentina: diagnósticos, prospectivas y lineamientos para definir estrategias posibles ante el cambio climático” (2008). En él se proponen alternativas para aminorar las emisiones de metano en el sector pecuario, mejorando la calidad de las pasturas y la alimentación del ganado (mediante el agregado de ciertas grasas y semillas oleaginosas a las dietas o el uso de aditivos dietarios específicos), y manejando el rodeo de modo tal de reducir el tiempo improductivo de los animales. En este sector, la Fundación Bariloche afirma que la mayoría de las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producto implican una mejora de la eficiencia y, en consecuencia, un importante incentivo para que los productores las adopten.
En cuanto al sector energético, el estudio propone aumentar de manera sostenida el uso de energías renovables y mejorar la eficiencia, mientras se continúan evaluando los impactos que el cambio climático pueda llegar a tener sobre esas mismas fuentes de energía (por ejemplo, se sabe que la sequía incidirá en la producción hidroeléctrica). Es importante que las nuevas inversiones en producción de energía en América latina consideren las perspectivas en términos de políticas de mitigación a mediano plazo, y eviten encerrarse en tecnologías altamente contaminantes, cuya vida útil se extiende por varias décadas y que son pasibles de generar costos adicionales o penalidades en el largo plazo.
A diferencia de los países desarrollados –agrupados en el Anexo I del Protocolo de Kioto–, en los que el sector energético representa el 85% de sus emisiones, para América del Sur la producción de energía representa sólo un 20,6% de sus emisiones. Los casos de la Argentina y Brasil son interesantes en este sentido. En la Argentina, las emisiones derivadas del sector energético ascienden a un 45,6% y las del sector agropecuario están en un 39,7%. Por lo tanto, la contribución argentina a los esfuerzos de la comunidad global en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, podría centrarse en mejorar las prácticas agropecuarias, como el control de las emisiones de óxido nitroso, derivadas del cultivo de soja, y del metano generado por el ganado. En el caso del Brasil, las emisiones derivadas del uso de la tierra ascienden al 64,4% y las del sector energético a solo un 12,2% del total. Para este país existe un claro potencial de mitigación si encara el problema de la deforestación y mejora el uso de la tierra.
Si se considera que, en general, la reducción de emisiones en el sector de uso de la tierra y forestal es mucho más económica que en el sector industrial, el potencial para disminuir emisiones en esas áreas es claramente atractivo para América latina. Esto significa que, para nuestra región, el foco debería estar puesto en lograr cambios en el uso de la tierra y en reducir la deforestación más que en imponer costos o exigencias complejas al sector industrial. Este es un punto importante para definir prioridades en materia de mitigación en grupos como el G-20, donde la mayoría de los esfuerzos –como la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles y la reconversión industrial– están dirigidos a las necesidades de los países desarrollados, y no a las medidas más costo-eficientes para los países en desarrollo que también son parte de este grupo, como el Brasil, México y la Argentina.
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