Perú, el segundo gobierno de Alan García por ALDO PANFICHI HUAMÁN Jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú El escándalo de los negociados petroleros llevó al presidente a elegir como primer ministro a un líder regional de creciente popularidad y de reconocida honestidad. ¿Esta decisión significará un cambio de rumbo en la política peruana o será sólo un simple gesto demagógico?
Los interrogantes que emergen de este cambiante escenario son varios: ¿qué está pasando en Perú para que un gobierno netamente neoliberal nombre un premier y varios ministros de izquierda? ¿Es un mero acto demagógico (otro más) de García o un golpe de timón frente a la creciente protesta y la caída del nivel de aprobación en las encuestas? ¿Hay consideraciones más de fondo detrás de la medida? ¿Qué implicancias puede tener en el desarrollo futuro de la política peruana? Para responder estas cuestiones, es necesario tomar en cuenta los límites a los que se enfrenta un modelo de crecimiento económico ortodoxo en un país pobre, con grandes desigualdades sociales e instituciones políticas frágiles y débiles. También es necesario considerar la alta sensibilidad de los ciudadanos frente a la corrupción en el Estado. Crecimiento y conflicto El crecimiento económico también ha sido posible porque Alan García ha continuado con la elocuencia de un recién converso, la misma política económica iniciada por Fujimori y seguida, sin mayores cambios, por Alejandro Toledo. Se trata de una política económica con estricto control del gasto público, poca regulación y amplias facilidades para la inversión extranjera. Las empresas y ciertos segmentos de la población han aprovechado la oportunidad, por eso, al recorrer Lima y otras ciudades de la costa, es posible observar la expansión de nuevos barrios y edificios para las clases altas y medias, autos de lujo y centros de consumo. Sin embargo, este tipo de crecimiento no ha generado numerosos puestos de trabajo ni reducido la pobreza en el corto o mediano plazo; por el contrario, ha acentuado aún más las desigualdades. Basta recordar que las diez regiones de extrema pobreza están en la sierra y la selva, y en algunas de ellas, como Huancavelica, el 85% de su población es considerado pobre o muy pobre. No es extraño, entonces, que el crecimiento no haya podido evitar el estallido de numerosos enfrentamientos sociales, locales, y regionales. La alta conflictividad responde, sin duda, a un crecimiento económico geográficamente dispar, que beneficia a unas regiones (Lima y costa norte) más que a otras (sierra y selva) y produce resentimientos y disputas redistributivas. Los conflictos son violentos y poco articulados entre sí, y cuentan con una suerte de aprobación o legitimidad popular. Por lo general, incluyen el bloqueo de carreteras o del tránsito fluvial, toma de oficinas o de instalaciones mineras, pozos petroleros o centrales hidroeléctricas. También, movilizaciones y asambleas populares. El problema desborda las estructuras estatales de vinculación con la sociedad, que deberían canalizar las demandas y resolver las potenciales tensiones. En estas condiciones, los conflictos violentos son la forma más eficaz que tienen los pobres para plantear sus reclamos y obtener reivindicaciones. La relación tensa con las regiones es una de las razones del creciente desprestigio de la gestión de Alan García. Según las últimas encuestas, el presidente tiene una aprobación de sólo el 26% a nivel nacional, aunque la economía continúa creciendo entre el 6 y 7%. Es evidente entonces que el crecimiento macroeconómico no basta. Por regiones, García está mejor visto en la costa norte (32%) y Lima (30%), donde se concentran los beneficios del crecimiento, pero su apoyo cae estrepitosamente en las regiones donde se ubica la minería y la explotación de gas y el petróleo. En el sur, el mandatario sólo tiene el 5% de aprobación; en los Andes centrales, el 12%; y en el oriente amazónico, el 17%. Alan García debe haber tenido en cuenta su baja popularidad y la creciente conflictividad social cuando le ofreció a Yehude Simon el puesto de Primer Ministro, en reemplazo de Jorge del Castillo. Esta decisión no debe ser entendida sólo como manipulación, sino como un intento del gobierno central de construir puentes con los gobiernos regionales y sus belicosas sociedades locales. Podría incluso ser un golpe de timón hacia el centro izquierda para tener un interlocutor con los gobiernos vecinos de Ecuador y Bolivia, sin comprometer al presidente. Yehude Simon es la persona adecuada para esto. Hasta hace poco, venía desempeñándose con bastante éxito como presidente del gobierno regional de Lambayeque, con niveles de aprobación muy por encima de los de García. Simon tiene, además, una larga y fascinante trayectoria política. En los años ochenta fue parlamentario de la Izquierda Unida (IU) y líder de un pequeño partido acusado por la policía de ser el aparato legal del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Debido a estas acusaciones, fue detenido, torturado y juzgado por terrorismo y condenado a veinte años de prisión por un tribunal militar sin rostro. Después de haber estado nueve años preso, el gobierno de Valentín Paniagua lo amnistió en 2001, por considerar viciado y arbitrario su juzgamiento. Una vez en libertad, Simon anunció que la cárcel lo había alejado de los extremismos, pidió disculpas y se definió como humanista. Acto seguido, volvió a su tierra natal, organizó un partido regional y ganó dos veces consecutivas las elecciones para la presidencia del gobierno regional de Lambayeque. Se lo considera implacable con la corrupción, exitoso en atraer la inversión privada y por tener una buena relación con los sindicatos y los movimientos sociales. Muchos lo califican como el mejor presidente regional y probable candidato presidencial para el 2011. Corrupción En un contexto en el que el gobierno se encuentra asediado por numerosos conflictos sociales y el presidente tiene cada vez menos aceptación ciudadana, los cargos de corrupción son una mezcla explosiva cuyos riesgos son incalculables. Quizás por ello, conociendo la sensibilidad ciudadana sobre el tema, García buscó cortar cualquier asociación de estos hechos con el gobierno central y con el Partido Aprista; aceptó la renuncia del gabinete controlado por su propio partido y nombró otro presidido por una figura como Yehude Simon. Entre las consideraciones para elegirlo, estuvo, indudablemente, el hecho de que la Región de Lambayeque ha hecho esfuerzos reconocidos en la lucha contra la corrupción, y ha ganado premios internacionales por su política de transparencia y acceso a la información. Son conocidos los casos de funcionarios regionales que fueron denunciados y sacados de sus puestos por el propio Simon, aunque algunos de ellos hubieran tenido papeles importantes en sus victorias electorales. La llegada de esta nueva figura al Consejo de Ministros, acompañada de otros dos ministros provenientes de gobiernos regionales, debe ser entendida como un esfuerzo del gobierno de García por crear puentes con las regiones y mejorar la gobernabilidad del país. Sin embargo, no parece ser un camino fácil. La desconfianza ciudadana es general y se acrecienta con los “petro audios”. Las demandas redistributivas de las regiones, en lugar de atenuarse, pueden verse alentadas por las expectativas de tener a Simon como premier. El gobierno, además, no parece estar del todo cohesionado. De un lado, continúan los ministros que adhieren al modelo económico neoliberal, incluso con el apoyo entusiasta del propio presidente. Éstos y otros altos funcionarios, en el contexto de la crisis financiera internacional, proponen un control estricto del gasto público, con menores transferencias a los gobiernos regionales. De otro lado, Simon se ha opuesto a los recortes a las regiones, indicando que las demandas de los pobres están detrás de los conflictos sociales y no pueden esperar. El curso futuro de la política peruana depende de la forma en que se resuelva este dilema económico y de los resultados de la lucha contra la corrupción que emprenda el nuevo Primer Ministro. Después de esto recién sabremos si el paso de Yehude Simon por el gobierno tuvo consecuencias a mediano plazo o sólo fue un intento infructuoso. También sabremos si tenemos ya un candidato fuerte para las elecciones presidenciales siguientes o uno menos en la lista de aspirantes. •
Publicada en TODAVÍA Nº 20. Diciembre de 2008 |