De la erradicación a la radicación
Pequeña historiade un cambio de paradigma

por JORGE FRANCISCO LIERNUR Universidad Torcuato Di Tella - Conicet

En los últimos cincuenta años fue modificándose la manera de concebir el destino de las villas y de sus habitantes. ¿Qué tensiones, proyectos e ideas marcaron ese proceso?

En la llamada “Villa 31”, crecen en altura los edificios. La vieja imagen de las casas de lata y cartón ya no se corresponde con la realidad de estos barrios que alguna vez fueron de emergencia. Al mismo tiempo, la provincia­ de Buenos Aires ha propuesto un plan para el área metropolitana en el que prevé su reorganización y consolidación en un semicírculo de 150 km de diámetro. Con sus zonas industriales, sus nuevos caminos y autopistas, la rearticulación de la totalidad del sistema de transporte terrestre, aéreo y fluvial de la región, y la construcción de nuevos subcentros, el proyecto nos dice que la megaexpansión metropolitana que suponen tamañas dimensiones ha venido para quedarse. No es necesario ser un experto para percibir que la sustancia de ese crecimiento, la materia que lo constituye, consiste en las barriadas miserables –o pobres, en el mejor de los casos–, que albergan a la mayoría de sus habitantes. La idea que subyace a esta propuesta es que esos pobladores deben poder radicarse en los lugares en los que fueron instalando sus casillas precarias, favorecidos por planes de mejoras organizados por el Estado.

En amplios sectores de la sociedad, la idea de la necesidad y justicia de la “radicación” de las villas de emergencia es parte del sentido común, pero frente a la aparición del problema, y durante muchos años, ese sentido común había dictado, por el contrario, la necesidad de su “erradicación”. En esta breve presentación vamos a intentar comprender este sorprendente giro de campana.

Consumado el derrocamiento del gobierno del general Perón, los más feroces de sus antiguos opositores juzgaron que, en realidad, estaban ante una suerte de “maldición bíblica”. Los precarios ranchos de latas, cartones y desechos que constituían las que entonces comenzaron a llamarse “villas miseria” eran las nuevas “tolderías” que cercaban, amenazantes, a Buenos Aires, e indicaban el retroceso en que todos nos hubiéramos sumido de no detenerse, mediante la “acción revolucionaria”, el proceso que las había generado. El populismo del general caído había desatado a los jinetes del apocalipsis, quienes se presentaban a cobrar sus víctimas. Para algunos, incluso, debía atribuirse a esa causa la atroz epidemia de poliomielitis que devastaba la ciudad y amenazaba al país.

Al ser consideradas una anomalía, las “villas” no merecían especiales consideraciones técnicas ni políticas. Por eso, en los años inmediatamente posteriores al golpe de 1955, se pensó que un plan bastaría para regular el funcionamiento y el crecimiento de Buenos Aires. En el caso de la vivienda, el Banco Hipotecario Nacional propuso concentrar una enorme masa de recursos en la renovación de la zona sur de la ciudad, aprovechando su estructura de servicios, para disminuir la expansión hacia las periferias crecidas en el período precedente, y atraer hacia su centro a quienes todos los días desbordaban trenes, rutas y transportes colectivos. La oposición a estas ideas se sintetiza en el título de un artículo publicado por una revista en la que se estaba forjando el “desarrollismo”: “¡No más viviendas en la Capital, grita el país desierto!”.

Con la constitución de Emaús (1954) –que continuaba la experiencia iniciada en Francia en 1949 por el abate Pierre para paliar las carencias de vivienda producidas como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial–, la Iglesia Católica estuvo entre los primeros núcleos en comprender la nueva entidad del problema. Asimismo, la Universidad de Buenos Aires, a través de su por entonces recientemente creada Oficina de Extensión Universitaria, impulsó un plan de estudios e intervención en Isla Maciel, que llegó hasta el proyecto de un conjunto de viviendas. En él, bajo la influencia de las nuevas ciencias sociales, se buscó, por primera vez, conseguir respuestas organizativas y formales que contemplaran de manera sensible formas de habitar antes poco consideradas.

En parte debido a la fuerte crisis económica, pero en mayor medida como consecuencia de una concepción estratégica “anticapitalina” que priorizaba la expansión de polos de desarrollo en el interior, la política de vivienda del gobierno que sobrevino en 1958 se redujo a la construcción de unos famosos “caños” más que provisorios. A la vez, de la mano de la reacción kennedyana a la Revolución Cubana, comenzaban a llegar los primeros grandes créditos internacionales otorgados por el Banco Mundial. Por añadidura, en esos mismos años, en la cultura arquitectónica internacional se introdujo el nuevo concepto de la prefabricación pesada para la producción masiva de viviendas, proveniente de Francia y la Unión Soviética.

Por entonces, las villas miseria comenzaban a constituirse en una importante base política y, debido a su relativa autonomía de los sindicatos peronistas, se produjo en ellas el crecimiento del Partido Comunista, a través de organizaciones como la Unión de Mujeres Argentinas.

Puesta en crisis la alianza que había dado lugar a la experiencia frondizista, y necesitado de ampliar su electorado, el gobierno de Arturo Illia promovió la aplicación de los créditos internacionales a la vivienda y dio inicio a la construcción del primer megaconjunto –Lugano I-II– en la única gran área vacante que aún tenía la ciudad.

Hasta aquí la consigna compartida por todos era que las villas debían ser erradicadas. Pero una vez derrocado el gobierno de Illia, continuaron expandiéndose. Como efecto de excepcionales inundaciones que afectaron a medio millón de personas en el área metropolitana, inspirado en un ideario tecnocrático desarrollista, y bajo la influencia de las ideas exploradas por Emaús, la dictadura militar de Onganía que le sucedió concibió el primer plan masivo de “erradicación”. Se obtuvieron y aplicaron nuevas líneas de crédito internacionales, y se operó una transformación de la industria de la construcción, no preparada hasta entonces para hacer frente a las magnitudes de obra exigidas por los organismos internacionales.

Los conjuntos de viviendas promovidos de este modo trataban de incorporar las premisas que habían comenzado a estudiarse en Isla Maciel y que, en ese momento, se discutían en la cultura arquitectónica internacional. En especial, una concepción de lo popular como diferencia constitutiva positiva en relación con el mundo burgués. Por eso mismo, los nuevos barrios se desligaban con plena conciencia de la criticada trama de la ciudad tradicional, lo que con el tiempo debería pagarse al alto precio de la segregación. La aplicación de esos planes fue llevada adelante con un grado de torpeza y brutalidad de nivel inaudito, y en las protestas así provocadas comenzó a encenderse una llama que se avivaría en los años siguientes.

¿Qué factores alimentaron el incendio? Como es sabido, a partir del Concilio Vaticano II y las posiciones de los obispos latinoamericanos en Puebla, se constituyó la corriente de curas del “tercer mundo”. Su principal diferencia con las posiciones de Emaús consistía en el hecho de que, mientras en esa institución se proponía “educar” a los habitantes para convertirlos en correctos ciudadanos, los tercermundistas se planteaban favorecer la “diferencia” de los villeros con la “contaminada” burguesía urbana. En las “villas”, creían, estaba la semilla de una sociedad más genuinamente cristiana.

Al mismo tiempo, y a partir de la Revolución Cubana, se expandía una concepción no soviética de la revolución socialista. Y como ya no tendría como protagonista principal al “proletariado” sino al “campesinado”, algunos postulaban que la “urbanización dependiente” era el resultado de una creciente marcha de los campesinos desposeídos hacia la periferia de las grandes ciudades. En este contexto, los revolucionarios debían centrar su acción en las villas, ya no pobladas por proletarios sino por campesinos desarraigados. Enfrentados a la blindada “burocracia sindical”, los grupos radicalizados militarían en estos barrios para constituirlos en bastiones o “territorios liberados”.

Estas ideas políticas se articularon con las que estaban en la base del llamado no-plan urbanism, el movimiento de squatters en Londres, el advocacy planning en las comunidades negras norteamericanas, y el urbanismo without planners, que tuvieron su expresión más visible en el concurso promovido por las Naciones Unidas en Lima (Previ), como secuela de la acción y prédica de John Turner, el teórico de la superioridad de las “poblaciones informales” en relación con cualquier otra solución urbana conocida hasta el momento.

En 1970, el Intendente de Buenos Aires designado por la dictadura militar dio luz verde a un experimento “participacionista”, en el que los técnicos municipales junto con los habitantes de una villa y sus asociaciones construyeron un proyecto consensuado de un grupo de viviendas en un predio cercano al emplazamiento original del barrio. La experiencia de la “Villa 7” fue un banco de pruebas para la inclusión exitosa de estudiantes, profesionales y cuadros políticos, algo que estaba ocurriendo en casi todos los asentamientos, muchas veces de la mano de los sacerdotes tercermundistas.

Fue en este contexto que se produjo el giro que mencionamos al comienzo de este artículo. La anomalía que debía superarse se transformó entonces en el baluarte del cambio revolucionario, instrumento fundamental para preservar núcleos de resistencia al mundo burgués (y a la estructura “burocrática” oficial del peronismo), y con ella la reserva de pureza y autenticidad que el nuevo actor político encarnaba.

Sin embargo, atraer y movilizar las líneas de financiamiento nacionales e internacionales para la construcción masiva de viviendas era una de las claves de los planes de reactivación imaginados por el recientemente regresado general Perón, motivo por el cual puso el tema en manos de su hombre de confianza, José López Rega. Con nuevos nombres y con el agregado de créditos a la construcción de viviendas individuales, los planes de “erradicación” le permitían, además, ir a disputar a los grupos radicalizados la conducción de los nuevos sectores villeros, cuyas organizaciones comenzaron en este contexto a desgarrarse entre los enfrentados partidarios de la “radicación” y la “erradicación”. En el centro de estas disputas quedó el sacerdote Mugica, quien frente a la evidente mejora que el plan de “erradicación” traería a sus feligreses, postulaba que tanto él como otros curas que lo acompañaban estaban a favor de ese plan, porque querían “erradicar las villas y no eternizarlas”. Poco antes de su asesinato, estas posiciones le habían hecho merecer ser “condenado” a la virtual cárcel del pueblo, en la que en cada número una de las revistas más radicalizadas de entonces “encerraba” a los enemigos.

Este hecho y el advenimiento, un año más tarde, de una nueva y feroz dictadura militar marcan el fin de esa etapa. Cuando la democracia fue recuperada, las condiciones internacionales habían cambiado otra vez. Más que presiones para recibir capitales, el país sufría entonces implacables demandas para su devolución; y los que luego se conseguirían en los años noventa, mediante la venta de las empresas y bienes estatales, no iban a dirigirse a cubrir las necesidades de vivienda que, paralelamente, no habían dejado de crecer.

Las respuestas al “problema de la vivienda” que han circulado en estos años expresan límites económicos y discutibles cálculos y especulaciones políticas, pero también la superposición de varias derrotas: la de los grandes planes, la de la transformación radical de la sociedad, la de la posibilidad de incidir en la reestructuración territorial y la de las esperanzas en una sociedad solidaria.

La idea de “radicación” para las barriadas miserables ha permanecido como residuo ideológico de épocas pasadas pero sirve como base de clientelismo político, y en los casos extremos, actúa de escudo de protección de zonas liberadas, pero ahora para mafias y circuitos fuera de la ley. Aunque eso no ocurriera, no es posible dejar de leer en ella la creencia en la existencia de un grupo humano diferente e inmóvil, sin deseos de progreso o ascenso social, autocondenado a una permanente separación del resto de la comunidad.   •

Publicada en TODAVÍA Nº 20. Diciembre de 2008