Colombia y sus vecinos ¿por caminos distintos?

por SOCORRO RAMÍREZ Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia

Para muchos, Colombia es hoy el “patito feo” de América Latina, que se empeña en salir de la fila. Sin embargo, nunca antes Colombia había estado tan presionada para estar cerca de sus vecinos. Sólo una integración sólida y la mutua cooperación entre los gobiernos permitirá que la región crezca en el contexto internacional actual.

Raíces internas de las diferencias
Las mayores discrepancias entre Colombia y sus vecinos tienen origen en una evolución diferente de las políticas internas. Mientras que en el resto del continente la lucha guerrillera desapareció hace varias décadas, en este país una antigua guerrilla venía creciendo hasta hace poco tiempo. Y, aunque en Colombia la confrontación armada no ha derivado en una dictadura como aconteció en otros países, sí ha estimulado, desde hace un cuarto de siglo, el nacimiento de numerosos y brutales grupos paramilitares. Ambos bandos, guerrillas y paramilitares, han encontrado en el narcotráfico una fuente financiera casi inagotable. Esto explica en buena medida su persistencia en el tiempo, su expansión geográfica, su capacidad de reclutamiento y su enorme poder militar. La arrogancia y la barbarie de los violentos llevaron a las elites, con el apoyo de la mayor parte de los colombianos, a dos posiciones antes impensables y hoy desacreditadas en el resto del continente: un claro voto por la “mano dura” y la aceptación de una estrecha relación con los Estados Unidos. Estas opciones –que se han materializado en el Plan Colombia, iniciado en 2000, y en el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, cuya aprobación está pendiente en los respectivos Congresos– resumen las vías divergentes frente a sus vecinos. Los gobiernos colombianos que han elegido estas posiciones –por la urgencia de fortalecer militarmente al Estado para responder ante la ofensiva armada de grupos irregulares– no se han ocupado de prever sus efectos sobre los países colindantes y han desconocido el uso que Washington hace de la ocasión para su propia agenda.

Entre tanto, en otras regiones del continente parece suceder lo contrario: al desaparecer la lucha armada y la dictadura o el gobierno autoritario que la siguió, hoy su población mira con desconfianza a la fuerza militar, rechaza los efectos sociales del Consenso de Washington y aspira a acabar con la influencia de los Estados Unidos, o al menos a frenarla, en la región. Estas dos grandes tendencias, que hoy suelen ser calificadas como la izquierda y la derecha en América Latina, están representadas por dos figuras presidenciales: Hugo Chávez, en Venezuela, y Álvaro Uribe, en Colombia; gobernantes de dos países vecinos cuyo destino es inseparable.

Por otra parte, las redes de la economía ilegal del narcotráfico vinculan –más rápidamente que los planes de integración entre vecinos– a sectores de diversos países en una gran cantidad de actividades transfronterizas, aprovechando el fuerte deterioro social y económico y la ausencia del Estado en esas zonas. Las características cambiantes y la desterritorialización de esas economías ilegales dificultan que el conjunto de países implicados en estas nuevas dinámicas de la guerra asuman sus propias responsabilidades. Así, pues, en medio de estas divergencias políticas, más que cooperación se han manifestado mutuas recriminaciones.

Tensiones en las fronteras
Las primeras diferencias surgieron con Venezuela debido a una histórica desconfianza mutua relacionada con los problemas territoriales. Hasta fines de los años noventa, los ataques guerrilleros en el lado venezolano de la frontera y el ingreso de aviones venezolanos en territorios de Colombia dieron pie a roces episódicos. En la etapa en que coincidieron el gobierno de Andrés Pastrana en Colombia y el de Hugo Chávez en Venezuela, las fricciones se hicieron permanentes. Apenas comenzó su primer período, Chávez se declaró neutral en el conflicto colombiano, lo que despertó un profundo malestar en Colombia; a su vez, altos funcionarios de este país acusaron reiteradamente al gobierno y a las fuerzas militares venezolanas de complicidad con las guerrillas. Los militares colombianos con frecuencia exhibían armas, confiscadas a la guerrilla, de origen supuestamente venezolano. Se supo, además, por un video difundido por la oposición a Chávez, que altos oficiales y delegados del gobierno de Venezuela habían ingresado ilegalmente en Colombia para negociar con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Luego, bajo el primer gobierno de Uribe, el momento de mayor tensión se vivió a comienzos de 2005, con la captura irregular en Caracas del denominado “canciller” de las FARC, Rodrigo Granda. Venezuela acusó entonces a Colombia de haber sobornado a sus agentes de seguridad mientras que Colombia denunció la hospitalidad oficial de la que gozaba Granda en el vecino país. Ambos mandatarios vieron en ese episodio la materialización de sus temores, y los tradujeron en acusaciones y sanciones recíprocas.

No obstante, a partir de entonces, y tras haber comprobado que las fuertes interdependencias económicas y fronterizas existentes entre ambos países hacen que las medidas tomadas contra el otro repercutan en el de uno, los dos gobiernos parecen haber llegado a la conclusión de que es más útil el mutuo entendimiento que el enfrentamiento constante.

Ahora bien, si la relación de Colombia con Venezuela se encuentra en un período de relativa estabilidad, no sucede lo mismo con Ecuador. Desde fines de los años noventa las FARC se asentaron en la zona amazónica de la frontera; luego llegaron los paramilitares y así surgió la disputa por el control de cultivos de coca, cursos de ríos y salidas al mar. Ese violento forcejeo le ha generado a Ecuador el ingreso de grupos ilegales y armados, desplazamiento de población, e incentivos a sectores de su población para vincularse al problema de la drogas ilícitas y participar en contrabandos que nutren la economía de guerra y la logística de los actores irregulares colombianos. El Plan Colombia –que buscó ampliar el control estatal del territorio y quebrar la economía de guerra de los grupos irregulares– aumentó aún más el desplazamiento de la población, trasladó los cultivos de coca a la parte andina y del Pacífico de esa frontera y provocó daños ambientales capaces de afectar a la población y los cultivos legales. Así, lo que pasa en la frontera norte se ha convertido para Ecuador en un tema de la agenda política interna ya que la movilización social y las fumigaciones –que condensan las políticas de seguridad de Washington y Bogotá– son percibidas como un intento de involucrarlos en el conflicto colombiano. Un sentimiento hostil hacia los colombianos se ha extendido ampliamente en Ecuador, mientras que en Colombia sigue predominando un desconocimiento de las preocupaciones ecuatorianas frente a estos asuntos. Hay que tener en cuenta que, después de los Estados Unidos, Venezuela y Ecuador son los dos socios comerciales más importantes para Colombia. Por ello, se trata de relaciones particularmente sensibles. En este sentido, genera preocupación en Colombia la decisión adoptada por Chávez de retirar a su país de la Comunidad Andina (CAN) y vincularlo al Mercosur, y una eventual decisión similar del gobierno ecuatoriano.

Por otra parte, la amplia región fronteriza que Colombia comparte con el Brasil –la segunda en extensión después de la frontera con Venezuela–, más allá de los lazos étnicos, sociales y ambientales, es un lugar en el que interactúa el conflicto colombiano con la problemática brasileña ligada a las drogas (tráfico de pasta base y cocaína; lavado de dinero mediante la compra de oro a indígenas, colonos y buscadores ilegales, y provisión de armas y municiones a las guerrillas colombianas a cambio de droga y protección). La captura y deportación, en 2001, del narcotraficante brasileño Fernandinho Beira-Mar, quien era protegido por las FARC, es un ejemplo en esta dirección. Brasil mira con suma desconfianza la presencia de militares estadounidenses en la Amazonia colombiana. Sin embargo, luego de algunos desencuentros, las diplomacias de los dos países y sus dos presidentes han ido creando espacios para la negociación de los temas comunes.

En la frontera con el Perú, los conflictos se vinculan con la droga más que con una supuesta extensión del conflicto colombiano, como había denunciado Alberto Fujimori en su último intento de reelección en 2001. Tanto el gobierno del presidente Alejandro Toledo como el de Alan García mantuvieron una actitud de comprensión y cooperación en sus políticas de seguridad en un marco de convergencias ideológicas con los gobiernos de Colombia.

Finalmente, la frontera con Panamá se ha visto afectada por numerosas migraciones de personas que escapan de la violencia que generaron el establecimiento de campamentos guerrilleros y paramilitares y el contrabando de armas. Estos episodios produjeron algunas tensiones a comienzos del siglo; sin embargo, en la actualidad, ambos países parecen mantener una convivencia pacífica y una actitud de colaboración.

¿Hacia la cooperación?
Las fuertes tensiones que el conflicto colombiano ha generado en las fronteras y con los países vecinos paradójicamente han sido el estímulo decisivo para un acercamiento más intenso entre los gobiernos, que se han visto presionados a dejar de lado la rutinaria diplomacia del pasado. En particular, los han obligado a considerar con más atención la situación de sus fronteras, tradicionalmente abandonadas.

El caso más singular de mutuo acercamiento ha involucrado a los dos grandes antagonistas políticos: Uribe y Chávez. Una vez superados los enfrentamientos más agudos, ambos presidentes han trazado e iniciado el desarrollo de proyectos binacionales de una magnitud hasta ahora desconocida y que podrían convertir a los dos países en socios estratégicos. Está en marcha la construcción de un gasoducto entre Ballenas (Colombia) y Maracaibo (Venezuela) que les permitirá compartir sus reservas de gas. Pero tal vez el proyecto más importante es el oleoducto que le facilitaría a Venezuela sacar su petróleo por el océano Pacífico hacia la China, pasando por Colombia. Si el emprendimiento llega a feliz término, tendremos a los dos opositores ideológicos unidos por el fuerte cordón umbilical de la energía. Esperemos que las fuerzas militares de ambos países, que encuentran en la existencia de su vecino la mejor manera de justificar su poder, no se conviertan algún día en un obstáculo para este proceso decisivo de integración.

Más discreta pero no menos significativa es la cooperación entre los gobiernos de Colombia y el Brasil, que antes se ignoraban por completo, y cuyos presidentes, Uribe y Lula, han establecido una fluida comunicación que ha permitido trabajar en conjunto en asuntos de seguridad y de comercio. Brasil colabora seriamente en la frontera con Colombia con el control de los contrabandos de armas, drogas y dinero ilegal. Por su parte, Uribe accedió, pese a la oposición empresarial colombiana, a la negociación y puesta en marcha desde 2005 del acuerdo de la Comunidad Andina y el Mercosur.

En el caso de la relación con Ecuador, es posible esperar que muy pronto la actual situación de tensión ceda su lugar a un trabajo comprometido entre ambos gobiernos. Colombia no puede darse el lujo de seguir ignorando las preocupaciones de su vecino y tercer socio comercial, y Ecuador tampoco puede minimizar sus vínculos históricos, culturales y comerciales con ese país, ni las relaciones en las fronteras. De hecho, el nuevo gobierno ecuatoriano tiene el propósito de legalizar a los 500 mil colombianos que se presume que residen en su país y de poner en marcha un plan de inversión social en la frontera con Colombia. Esos son pasos en la dirección correcta. Esperemos que próximamente el gobierno de Colombia asuma iniciativas similares y que las cuestiones de seguridad puedan ser resueltas con un espíritu de cooperación y no de enfrentamiento.

Nadie puede dudar hoy, en América Latina, que el continente requiere de una sólida integración si quiere salir adelante en el actual contexto internacional. Y Colombia parece empezar a darse cuenta de que el fin de la guerra interna también depende de los acuerdos con los vecinos para encarar los problemas transfronterizos que la caracterizan. Para lograr ese objetivo, está obligada a comprender las cambiantes dinámicas de la región y a avanzar hacia formas de entendimiento y cooperación más firmes que en el pasado. •

Publicada en TODAVÍA Nº 16. Abril de 2007