Fronteras desdibujadas. Delito, trabajo y ley

por GABRIEL KESSLER profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento e Investigador del CONICET

La fragmentación del tejido social se manifiesta en el desdibujamiento de las fronteras entre lo legal y lo ilegal.
La alternancia entre el trabajo, el estudio y el delito se ha convertido en una modalidad de vida para un segmento de los jóvenes en la Argentina. Se trata de una frontera lábil en la que coexisten la lógica de trabajador con la lógica de proveedor.

Hoy la inseguridad ocupa el primer lugar entre las preocupaciones de los argentinos en las principales ciudades, superando al desempleo. A pesar de lo que pudiera parecer, no se trata de una inquietud nueva. Las encuestas de opinión muestran que ya en 1985 la mitad de los entrevistados en los principales centros urbanos temían “ser asaltados en la calle”; en 1987, el 96% consideraba muy o bastante importante el problema de la “violencia callejera”. Ciertamente durante la década de los noventa hubo un incremento muy importante del delito, pero también fueron mutando las figuras de lo amenazante. En la Argentina de la transición democrática, las imágenes del delito se asociaban con la herencia del último gobierno militar. El tema de la época era la “mano de obra desocupada”: ex represores que en democracia se dedicaban a delinquir, como el recordado caso Sivak. La asociación con la Dictadura se va desdibujando durante los noventa y, a medida que se produce en paralelo el incremento del delito y la pobreza, las representaciones del delito también se modifican. Las imágenes mediáticas comienzan a estructurarse en torno a dos ejes: uno cambiante, la repentina aparición, rápida difusión y posterior decrecimiento de formas de delito novedosas, denominadas olas. Primero fueron los robos en taxis, luego los “secuestros express”; más tarde, hombres araña entrando por la noche en los edificios; recientemente, el asalto teñido de sadismo contra ancianos desprotegidos. En el segundo eje que, a diferencia del primero, se mantiene estable, se consolida la imagen de una “nueva delincuencia”: ladrones muy jóvenes, producto de la crisis económica y social, de la desestructuración familiar, incapaces de dosificar la violencia al no adscribir a los códigos de comportamiento de los ladrones profesionales de antaño. Su representación más acabada es la figura de “los pibes chorros” acuñada en los últimos años, caracterizados por una estética particular y hasta por un tipo de música, la cumbia villera, acusada de realizar la apología de sus acciones.

Ahora bien, ¿qué es lo que hay de realmente novedoso en esta supuesta nueva delincuencia? En nuestro estudio sobre jóvenes que habían cometido delitos violentos contra la propiedad (Sociología del delito amateur, 2005) encontramos que, a distancia de las imágenes mediáticas preponderantes, se produce la emergencia de un segmento de población que, para sobrevivir, alterna entre acciones legales y acciones ilegales. Datos oficiales muestran también una importante concurrencia a la escuela de jóvenes en conflicto con la ley, la existencia paralela o pasada de experiencia laboral y el incremento de robos entre vecinos de un barrio. Estos elementos en conjunto nos llevan a hipotetizar que existen hoy fronteras más fluidas que antaño entre trabajo y delito, entre escuela y delito, y entre quien aparece como amenazante y quien no.

Delito, trabajo y provisión
En la Argentina, el incremento de la inestabilidad laboral –esto es, de puestos precarios, mal pagos y de corta duración– es un factor de importancia en el desdibujamiento de fronteras entre trabajo y delito. Los jóvenes que entrevistamos forman parte de una segunda generación con inserción inestable; los padres habían ingresado en el mercado de trabajo a mediados de los años ochenta, y sus biografías laborales estaban signadas por la inestabilidad. Los hijos ven entonces perfilarse ante ellos un horizonte de precariedad duradera en el que es imposible vislumbrar algún atisbo de “carrera laboral”.

Si la inestabilidad laboral dificulta imaginar alguna movilidad ascendente futura, en el presente lleva a que el trabajo se transforme en un recurso de obtención de ingresos más entre otros: el pedido en la vía pública, el “apriete” (pedir dinero en forma amenazante), el “peaje” (obstruir el paso de una calle del barrio y exigir dinero a los transeúntes) y el robo, pudiendo recurrir a unos o a otros según la oportunidad y el momento. Nuestros entrevistados combinan de diferentes formas trabajo, robo y otras acciones: algunos alternan entre puestos precarios y, cuando éstos escasean, perpetran acciones delictivas para más tarde volver a trabajar; otros mantienen una tarea principal –en algunos casos el robo, en otros, el trabajo– y realizan la actividad complementaria para obtener más ingresos. En ciertos casos, salen a robar los fines de semana con los mismos compañeros del trabajo.

¿Cómo pensar este pasaje del trabajo a su combinación con otras actividades? Se trata del pasaje de una lógica de trabajador a una lógica de proveedor, cuya diferencia radica en la fuente de legitimidad de los recursos obtenidos. En la lógica de trabajador, ésta reside en el origen del dinero: fruto del trabajo honesto en una ocupación respetable y reconocida socialmente. En la lógica de proveedor, en cambio, la legitimidad ya no se encuentra en el origen del dinero, sino en su utilización para satisfacer necesidades. O sea, todo recurso provisto es legítimo si permite cubrir una necesidad, cualquiera que sea el medio utilizado. Las necesidades no se restringen a aquellas consideradas básicas (por ejemplo, la comida), sino que incluyen a todas las así definidas por los mismos individuos: necesidad puede ser ayudar a la madre, pagar un impuesto, pero también, comprarse ropa, cerveza, marihuana, festejarle el cumpleaños a un amigo y hasta realizar un viaje para conocer las Cataratas del Iguazú. Cuando combinan trabajo y robo, tienden a establecer el régimen de las “dos platas”: el dinero difícil que se gana duramente en el trabajo, y que costea rubros importantes (ayuda en la casa, transporte, etcétera), y la “plata fácil” que se obtiene más “fácilmente” en un delito y de la misma manera se gasta en salidas, cerveza, zapatillas de marca, regalos. Así, el dinero deja de ser en sus acciones un valor de cambio neutro. Pero sobre todo, el régimen de las “dos platas” es un indicador de que el desdibujamiento de las fronteras no homologa todas las acciones de provisión sino que perduran ciertos marcadores: la existencia de dos circuitos de origen del dinero y dos circuitos del tipo de gasto actúa como marcador de una diferencia entre actividades legales e ilegales.

Ahora bien, el desdibujamiento de fronteras no se deriva solo de la inestabilidad de los ingresos, sino que cuando se ahonda en las experiencias laborales, es evidente que éstas no podrían haber generado el tipo de socialización históricamente asociado al trabajo. Relatan pasajes cortos por ocupaciones diversas, que no los califican en un oficio o actividad determinada. La inestabilidad dificulta la construcción de una identidad laboral de algún tipo: de oficio, sindical o aun de pertenencia a una empresa. También obstaculiza la generación de lazos con los compañeros; es poco probable la conformación de vínculos duraderos en grupos laborales en los que todos son inestables. De este modo, todos los aspectos calificantes y socializantes del mundo laboral están restringidos por la escasez y baja calidad de las ocupaciones a las que acceden. Desprovisto de sus atributos tradicionales, el trabajo se reviste de un sentido meramente instrumental, acercándose a las restantes formas de provisión y contribuyendo al desdibujamiento de las fronteras entre acciones legales e ilegales.

Desdibujamiento de la ley
Inestabilidad laboral y desdibujamiento de las fronteras entre lo legal e ilegal marcan una transformación en la percepción general y la fuerza normativa de la ley. Algo sorprendente en todo el trabajo de campo fue la dificultad que tenían los entrevistados para percibir la existencia de la ley, entendida como un tercero, ya sea una institución o un individuo, que con legitimidad podía intervenir en los conflictos privados. Así, no comprendían por qué razón si robaban y, cercados por la policía, devolvían el botín a la víctima y hasta le pedían perdón, igualmente eran detenidos. Tampoco ocultaban su indignación cuando contaban que un vecino los había denunciado por robar en otro barrio: “No entiendo... ¿y él por qué se mete, si yo a él no lo robé...?”. Tal dilución de toda instancia facultada para intervenir en los conflictos privados llegaba al punto de obviar cualquier referencia al Estado como responsable de sus suertes. Cuando al término de una descripción de sus padecimientos económicos se les preguntaba qué rol cabría al Estado en su resolución, a menudo la pregunta ni siquiera era comprendida. “¿El estado de qué?”, preguntaban un tanto perplejos.

Por último, hay que señalar que el delito tampoco es una frontera tajante en la conformación de grupos. En efecto, la realización de actividades delictivas en común no conduce a la conformación de un colectivo cerrado. Los jóvenes participan simultáneamente de círculos diversos, alternando entre grupos que desarrollan actividades diferentes (ilegales o no) y, dentro de un mismo círculo de amigos, hay quienes participan de acciones delictivas y otros que no. Así, la lógica de la provisión está presente en un círculo social más allá de quienes roban: parte de sus relaciones no hacen una apología del delito, sino que suspenden el juicio normativo sobre las infracciones de sus amigos, sin que tampoco esto sea una motivación para participar de ellas.

¿Qué llevó al desdibujamiento de la ley como frontera normativa? Lo primero que surge es una historia nacional donde sobran los ejemplos de una sociedad y, sobre todo, de sus grupos más poderosos actuando contra la ley. En la experiencia cotidiana de estos jóvenes, ninguna institución aparece como representante de la ley: ni la familia, ni la escuela, ni la comunidad barrial, ni, menos que menos, la policía. Para ellos, se trata de otra banda, potentemente armada y preparada, a la que se teme mucho más por la posibilidad de morir o ser lastimado al caer en sus manos que por la certeza de que los conduzca ante la ley.

Pero, volviendo a la relación con el trabajo, también su precarización influye en el desdibujamiento de la ley. En el pasado reciente, la esfera laboral era un terreno de experiencia de derechos. Parte de la formación en el trabajo consistía en ir conociendo y apelando a leyes que regulaban la relación con los patrones, ya sea limitando la explotación, mediando en los conflictos o en la puja distributiva por beneficios. La ley estaba también presente regulando las compensaciones ante la adversidad, en un accidente o una enfermedad. Nada de esto se insinúa en los relatos de nuestros entrevistados. Ni en su propia experiencia ocupacional, ni en la de sus padres, trabajo y derecho están relacionados. Se refieren a empleos precarios de los que fueron echados sin siquiera pagarles los días trabajados, sin que supieran bien por qué los despedían. Relatan arreglos de palabra para trabajar sin que ninguna regla fuera explicitada, ni siquiera la paga; algunos sufrieron accidentes trabajando y fueron enviados a sus casas, heridos, en el momento mismo, sin recibir atención médica. En resumen, el mundo del trabajo se transforma en una esfera regida por la sola voluntad del empleador, sin ninguna vinculación visible con la ley, sin que ésta marque un límite en el poder del empleador sobre ellos.

Para reconstruir el lazo social
Las reflexiones sobre el desdibujamiento de fronteras pueden, sin duda, contribuir a las ya habituales imágenes pesimistas sobre el futuro de nuestra sociedad. Considerando que se trata de un problema central en nuestro país, que no acepta soluciones simples, voy a retomar algunas de las características de este “delito amateur” para pensar sobre posibles políticas y formas de reconstrucción del lazo social. Una consecuencia de este desdibujamiento de fronteras es que la alternancia entre trabajo y delito no se traduce necesariamente en una “carrera delincuente” futura. En efecto, investigaciones realizadas por destacados especialistas en Inglaterra y en los Estados Unidos, que han seguido durante décadas a cohortes enteras de personas desde su niñez hasta su adultez, han demostrado que solo una ínfima parte de quienes realizan delitos contra la propiedad en la adolescencia o primera juventud serán luego “delincuentes profesionales”. Cuestionan así, las teorías criminológicas clásicas que preveían que los jóvenes que cometían un delito en la temprana juventud, casi necesariamente iban entrando en una subcultura particular para luego convertirse en delincuentes adultos. Estos hallazgos de la criminología más actual también han implicado una nueva reflexión sobre las políticas públicas contra el delito juvenil que, sin negar la importancia del problema, se plantean otras formas de encararlo eficazmente. La fragmentación espacio-temporal de la experiencia de los jóvenes que parecen optar entre una gama de recursos según la oportunidad y el momento exige pensar tanto identidades sociales nuevas como políticas específicas. En tal sentido, volviendo al caso argentino, la baja estigmatización del delito por parte de sus pares tiene, sin duda, consecuencias negativas, en particular porque está indicando un escaso control social informal. Pero también, al no desencadenarse intensos procesos de estigmatización local, hay menos obstáculos para poner en marcha programas a escala comunitaria. De esta forma, que no se hayan establecido en sus barrios fronteras tan rígidas entre quienes cometen delitos y quienes no, permite desarrollar acciones de reinserción en sus comunidades, lo cual sin duda no es una tarea fácil para las políticas públicas, porque plantea interrogantes sobre los paradigmas actuales con los que se piensa el delito y, más en general, exige repensar la relación entre ámbitos cuyas fronteras se han ido transformando. •

Publicada en TODAVÍA Nº 15. Diciembre de 2006