América Latina: entre falsos dilemas y olvidos

por VÍCTOR E. TOKMAN economista, consultor internacional

El marcado deterioro de la calidad de los empleos y la existencia de una gran cantidad de trabajadores informales son los dos rasgos más significativos del mercado laboral latinoamericano. El desafío actual es encontrar mecanismos que permitan crear mejores condiciones de trabajo y garanticen así el acceso a una ciudadanía plena.

El problema del desempleo se percibe como el más importante en casi todos los países de América Latina. La encuesta realizada en 2005 por Latinobarómetro indica que el 30% de los habitantes lo ubica en esa posición, superando en más del doble el porcentaje asignado a la delincuencia-seguridad pública. Esta primacía se mantiene con independencia del nivel de desarrollo del país, del índice de desempleo registrado e, incluso, de lo exitoso que haya sido el esfuerzo por el crecimiento.

No es necesario estar desempleado para sentir temor. La inquietud por la desocupación excede a su realidad. Según la encuesta anterior, el 75% de los trabajadores tiene miedo de perder su trabajo. Esta percepción supera con amplitud la cifra que uno podría esperar si acepta el enfoque clásico que asocia de manera simplista la posibilidad de perder o encontrar empleo al índice que registra la tasa de desocupación. Desde ya, la incertidumbre y los temores asociados crecen cuando el desempleo registrado aumenta y se deterioran las condiciones de estabilidad y de protección de los contratos de trabajo. En este sentido, no hay que olvidar que la permanencia media en el empleo en un país industrializado es de 10,5 años, mientras que en América Latina es de 7,6 años.

La preocupación y el temor por el empleo son, a su vez, el reflejo de la prioridad asignada a la ocupación como el mecanismo más efectivo para superar la pobreza y disminuir la desigualdad. El 80% de los recursos de los hogares en la región provienen de ingresos percibidos por el trabajo y, por ende, los empleos plenos y estables son la mejor garantía de protección laboral y social. La incorporación de las mujeres al mercado, al aumentar el número de personas que reciben salarios en una familia, se convierte en una vía más de salida de la pobreza. A la vez, el acceso de los jóvenes -que pueden capitalizar su formación- a empleos de mayor calidad o de mejor remuneración también favorece la movilidad ascendente y una mejora en la distribución del ingreso.

Ahora bien, ¿cómo ha sido la situación laboral durante el último cuarto de siglo en América Latina? El panorama es desalentador. En promedio, el desempleo ha pasado de niveles inferiores al 6% a más del 10%. Como era de esperar, el ajuste de la década del ochenta estuvo acompañado por una expansión del desempleo, y ni siquiera la recuperación económica de la década del noventa significó el retorno a las tasas históricas de ocupación. La volatilidad del crecimiento en las economías más integradas a los mercados mundiales determinó que los episodios de recuperación fueran de corta duración y, por lo tanto, insuficientes para generar contrataciones sostenidas. En el marco de las reformas laborales de los años noventa, los empleos fueron más inestables y estuvieron sujetos a una mayor precariedad. Así, seis de cada diez nuevos puestos de trabajo creados en esa década fueron informales; nueve de cada diez se crearon en servicios –por lo general de baja productividad–, y cinco de cada diez no tuvieron protección. La aparición del desempleo en niveles antes desconocidos y el deterioro en la calidad de los empleos han generado, entonces, un cuadro propicio para los temores que, como vimos, expresa la población.

El falso dilema entre flexibilización y trabajo estable y protegido
Pero volvamos al tema de las reformas laborales. Como es sabido, la globalización jerarquizó la búsqueda de competitividad a nivel internacional y, en el caso de América Latina, esa búsqueda se trasladó al mercado de trabajo. La flexibilización se presentó así como una condición necesaria para poder competir en mercados abiertos y más volátiles, y la reducción de los costos laborales se justificó por razones de eficiencia. Comenzaron, entonces, a reemplazarse los tradicionales contratos por tiempo indefinido por contratos “a-típicos”, se redujeron los costos de contratación y de despido, se extendieron los períodos de prueba y se favoreció la subcontratación.

Sin embargo, esas políticas constituyen una estrategia de carácter defensivo que se funda en dos falacias y que conduce a una “competencia hacia abajo”. La primera de ellas consiste en plantear que los países latinoamericanos pueden competir sobre la base de bienes producidos con mano de obra barata. En realidad, los costos laborales en América Latina son bajos, comparados con los de los países de mayor desarrollo, e incluso, con Corea. La competencia sobre la base de una alta intensidad de mano de obra de bajo costo no tiene ninguna posibilidad de éxito frente a las exportaciones de China e India. Estos países operan con regímenes laborales decimonónicos y, además, incorporan nuevas tecnologías a sus productos, volviéndolos cada vez más competitivos. La segunda falacia reside en afirmar que la reducción de costos laborales significa un estímulo para la inversión extranjera que se puede traducir, por ende, en aumentos de las exportaciones y del empleo. Estudios recientes demuestran que dicha inversión no responde a esos incentivos –con excepción de la maquila–, sino que, por el contrario, las empresas se dirigen a países con reglas transparentes y seguras, con trabajadores calificados y bien remunerados. Les interesa aumentar la productividad como fuente de ganancias y saben que trabajadores poco calificados y mal remunerados no contribuyen a ese objetivo.

En definitiva, debe reconocerse que priorizar el tema del empleo significa también tener en cuenta la formación de los trabajadores y las condiciones de estabilidad, protección y respeto de sus derechos. Desde esta perspectiva, el trabajo inestable y desprotegido también se asocia con la falta de inversión en capital humano y en innovación. En un ambiente de empleo con esas características, los trabajadores no se interesan por adquirir conocimientos, ni por aumentar su esfuerzo. Tampoco los empresarios están dispuestos a destinar recursos para la capacitación de trabajadores que, como se perciben en tránsito, no garantizarían un aumento en la productividad de sus empresas.

Se plantea, entonces, una paradoja aparente entre la necesidad de flexibilizar y la de generar empleos de alta calidad. Afortunadamente, el dilema no se resuelve optando por una u otra estrategia. Ambas son necesarias. Por ello, países como Dinamarca han avanzado en la flexi-seguridad. Esta alternativa reconoce que, para crecer en el escenario económico actual, es necesario incorporar flexibilidad en el mercado laboral pero, al mismo tiempo, compensar adecuadamente a los afectados por los cambios y apoyarlos para que puedan aprovechar las nuevas oportunidades y acortar los tiempos de reconversión. Esto se logra con seguros de desempleo adecuados y con políticas laborales activas, que incluyan la recalificación y el apoyo para la reinserción laboral.

Los países de América Latina deberían recoger esta experiencia exitosa y, al mismo tiempo, adaptarla. En primer lugar, es necesario “reformular las reformas laborales”, particularmente las que buscaron la flexibilidad a través de la precarización de la relación de trabajo y afectaron la productividad y la seguridad de los trabajadores. Se deben también rediseñar los mecanismos de protección laboral y social y llevarlos del puesto de trabajo al trabajador, para poder así trasladar los beneficios entre las distintas ocupaciones y mejorar la empleabilidad. En segundo término, es necesario tener en cuenta la complejidad que caracteriza a los países en desarrollo tanto por la existencia de mercados segmentados como por el peso que el sector informal tiene en sus economías.

Los olvidados, pero siempre invocados: los informales
Las estadísticas indican que más de la mitad de la fuerza de trabajo urbana en América Latina no está integrada a los mercados formales. Estas personas trabajan en pequeñas unidades productivas, muchas de ellas familiares, por cuenta propia, también en el servicio doméstico y en ocupaciones familiares. A esas actividades se dedican el 63% de los pobres y el 75% del total de los indigentes. Cada vez más los informales son reconocidos como problema, sin embargo, las propuestas suelen omitir su presencia y se orientan a mejorar la capacidad de creación de empleo de las grandes empresas y a defender los intereses de los ya incorporados.

Un análisis detallado de la informalidad escapa a los objetivos de este artículo, pero nos interesa aquí detenernos en dos temas: la permanente discusión acerca de cómo definir a los “informales” –pregunta clave para avanzar en las políticas–, y la necesidad de una propuesta comprensiva que, sin dejar de lado los numerosos programas específicos, facilite el desplazamiento hacia la formalidad.

La conceptualización original define al sector informal como una forma de producción en pequeña escala. Esta definición surge en países en desarrollo donde, ante la falta de buenos empleos, un alto porcentaje de la población recurre a cualquier tipo de actividad productiva que le permita obtener algún ingreso para sobrevivir. Desde esta perspectiva, la informalidad responde a una lógica de supervivencia que busca solucionar la ausencia de empleos y de protección y que utiliza para ello los escasos recursos de que se dispone, como el trabajo personal y familiar y un capital mínimo.

En la actualidad, el concepto se ha ampliado al incorporar la precarización como característica principal. Se introduce así, la noción de economía informal, que incluye a todos aquellos ocupados que no gozan de protección laboral ni social. En ese sentido, se considera informales tanto a quienes trabajan en empresas grandes que no cumplen con sus obligaciones, como a quienes lo hacen en pequeñas unidades productivas y también a los trabajadores a domicilio y a los subcontratados de las grandes empresas. El énfasis se desplaza así hacia el ámbito laboral y se centra particulamente en la necesidad de regular la subcontratación. Sin duda, esta situación representa una mejora en los casos en los que los subcontratos se asocian a una violación o una disminución de las obligaciones laborales. Sin embargo, el grueso de las actividades informales sigue reflejando problemas que tienen que ver con la capacidad de producción, con ingresos insuficientes y con la exclusión.

Una respuesta sistémica debe aspirar a la formalización de los informales. Se requieren distintos instrumentos para poder configurar una estrategia efectiva de inclusión. El acceso a la formalidad significa poder superar las barreras existentes y estar en condiciones de cumplir con las obligaciones que se asocian a ella. Ahora bien, ese tránsito resulta sumamente difícil. Existen en la actualidad propuestas para rediseñar los mecanismos de acceso a la formalidad y, así, acercarlos a las posibilidades reales de los informales. Esos programas deben contemplar modificaciones en el campo laboral, en el acceso al crédito, en la constitución de sociedades, en el ámbito tributario y en la seguridad de localización para el comercio ambulante. Más allá de los detalles, el rediseño de cada una de estas áreas responde a distintas necesidades. El reconocimiento de la relación laboral es un requisito para constituir sujetos de protección; la titularización del capital, para acceder al crédito; la legitimación de nuevas formas societarias individuales, para asumir riesgos en los negocios sin hipotecar a la familia; el registro tributario, para incorporar prácticas de contabilidad y administración; y la seguridad de localización, para mejorar las opciones de los ambulantes.

Las consideraciones anteriores conducen a una visión de la formalización como instrumento. Se justifica ahora, no ya desde la perspectiva de la economía formal, sino a partir de los beneficios que el acceso a ella puede significar para las personas ocupadas en el sector informal y para las actividades que desarrollan. Sabemos que la reorientación que proponemos debe ir acompañada de una transformación cultural que promueva nuevas actitudes y comportamientos. Pero es necesario tener en cuenta que la formalización abre la puerta a la ciudadanía económica plena. En definitiva, se trata de trasladar el énfasis de las obligaciones a los derechos, ya que éstos favorecen el desarrollo y el progreso social. La habilitación de los derechos puede generar círculos virtuosos que, además de extender la cobertura, creen las condiciones para que todos los ciudadanos puedan cumplir con las obligaciones. Así, los informales serían los principales interesados en este esfuerzo de formalización y se constituirían en agentes del cambio para su propio beneficio y el de sus familias. •

Publicada en TODAVÍA Nº 14. Agosto de 2006