Brasil, de la disciplina a los derechos

por JOSÉ SERGIO LEITE LOPES antropólogo, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional - UFRJ

En el itinerario histórico de los sistemas de trabajo en el Brasil, desde las iniciales formas esclavistas hasta el actual esquema neoliberal, es posible descubrir el recorrido de un proceso de expansión de los derechos que, aun con sus avances y sus retrocesos, implica la gradual formación de una cultura del trabajo.

El proceso de formación de una cultura del trabajo en el Brasil a lo largo del siglo XX, se vincula con un modelo de disciplinamiento y control de los trabajadores, que asumió formas de dominación “fuertes” o “autoritarias” en los establecimientos y empresas de gran tamaño. Pero también se enlaza con el proceso en el que se atenuaron esas relaciones autoritarias a través de la incorporación, por parte de los trabajadores, del uso de derechos, y de la constitución de formas de asociación.

A partir de la década de 1930, los trabajadores de las fábricas y establecimientos urbanos comenzaron a regirse por una serie de leyes sociales, reunidas en la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), en 1943. En el campo, esas leyes recién se extendieron veinte años después, con el Estatuto del Trabajador Rural de 1963. El lapso entre las dos fechas resulta significativo en la medida en que muestra la lentitud en el ritmo de difusión de la ciudadanía en el Brasil, el modo desigual en el que se otorgaron los derechos a los trabajadores, en especial a aquellos sometidos a la influencia de los grandes propietarios rurales o agroindustriales.

Hay que recordar que las transformaciones que tuvieron lugar en los centros agrícolas tras la abolición de la esclavitud reprodujeron formas de dominación que, muchas veces, estaban directamente relacionadas con el período esclavista. Éste fue el caso de sistemas de trabajo como el del morador, en el Nordeste –región donde prevalecía la agricultura de la caña de azúcar–, o el del colono, en el Sudeste –en torno a la cultura del café–, en los que se sojuzgaba a las poblaciones (negras) salidas de la esclavitud, a los descendientes (blancos o mestizos) de los ex “hombres libres de la sociedad esclavista” –habitantes de las zonas rurales–, e incluso a los inmigrantes traídos de Europa o de Japón que se concentraron en San Pablo. En efecto, aquellas relaciones estaban marcadas por la dominación social “fuerte” de los propietarios rurales sobre el resto de la población campesina. Ese vínculo trascendía el sentido estricto de las “relaciones de trabajo”, como se conocían en la ciudad, y abarcaba también las actividades familiares, éticas, religiosas, culturales y políticas de las personas.

En esa sociedad, los sindicatos y las mutuales de las dos primeras décadas del siglo XX contribuyeron a formar una ética del trabajo. Por su parte, la nueva legislación de las décadas de 1930 y 1940, que ya mencionamos, si bien paralizó a algunos de los sindicatos más combativos, promovió desde el Estado la agremiación. De ese modo, efectivizó derechos (y, consecuentemente sancionó los incumplimientos patronales), que pudieron así llegar a los trabajadores de las empresas más renuentes a la organización gremial de sus subordinados. Con el fin de la dictadura del “Estado Novo” de Getulio Vargas (1937-1945) y del gobierno del general Dutra (1946-1950) –que intervino de manera sistemática en los sindicatos-, los trabajadores urbanos pudieron apropiarse de sus asociaciones y desarrollar una importante campaña de difusión de sus derechos, hasta el golpe de 1964.

Ahora bien, aun cuando la extensión de la ciudadanía en el Brasil tenga en su origen y en su dinámica la marca del corporativismo de la época de Vargas, no por ello dejó de crear cierta “sociedad salarial” en el país. Creó profesiones y carreras en el servicio público, en las grandes empresas y en diferentes establecimientos, que incluyeron tanto a los asalariados de clase media como a los obreros. Impulsó, asimismo, una estructura para la justicia laboral y un sistema de previsión social. En la posguerra, las empresas estatales adoptaron esos modelos de carreras y de derechos.

La experiencia de esos trabajadores, incorporados al mercado laboral después de 1945, sigue presente en nuestra época y se vincula, justamente, con la conquista de los derechos sociales. Aquellas generaciones fueron las primeras en gozar de jubilaciones determinadas por los años de vida laboral, y las actuales también aspiran a obtenerlas. Su proyecto de vida quedó sellado por esa posibilidad y, para lograrlo, valía la pena realizar el esfuerzo de trabajar desde muy joven. A pesar de que el nivel salarial siempre fue muy bajo –cercano al del salario mínimo–, la mayoría de aquellos trabajadores manuales con empleo regular podía sobrevivir gracias a recursos marginales (la agricultura en quintas, las changas o el pequeño comercio), a la ayuda errática del “paternalismo industrial” o “empresario”, y a la protección de los derechos sociales.

De ese modo, los trabajadores fueron integrados a la sociedad y a un proyecto universalista de expansión de derechos, aunque muchos de ellos no se respetaron en algunas empresas, que históricamente han sido renuentes a aceptarlos. En el momento mismo en el que se aprobó la legislación laboral se formaron en forma simultánea una fuerza de trabajo principal y con derechos, y otra secundaria y “clandestina”, sin libreta legal. Esta situación prefigura, ya en la década de 1930, un modelo parecido al que en el vocabulario de hoy se conoce como precarización de la fuerza de trabajo.

Luego, desde mediados de la década de 1950, ya con la aplicación del modelo industrial fordista en San Pablo, tuvo lugar un desplazamiento de trabajadores de origen rural (provenientes de los estados de San Pablo, Minas Gerais y los del Nordeste) hacia la producción automotriz y la red de industrias que la sostiene, y se formó de hecho un mercado de trabajo nacional. La industrialización intensiva, que había comenzado –a fines de los años cuarenta– con dos empresas estatales localizadas en el estado de Río de Janeiro –la Compañía Siderúrgica Nacional y la Fábrica Nacional de Motores–, se completó en la década de 1950 con el establecimiento de astilleros navales en el mismo Estado, y con la industria siderúrgica en Minas Gerais. La construcción y puesta en funcionamiento de Brasilia, en los años cincuenta y sesenta, también atrajo mano de obra de diferentes lugares y características. Finalmente, en las décadas de 1960, 1970 y 1980, en pleno régimen militar, se crearon muchas empresas estatales y se amplió así el número de asalariados. Esas empresas incorporaron en el Brasil el modelo de la “sociedad salarial” europea.

El proyecto de generalización de los derechos continuó vigente, a pesar de que la dinámica de la lucha por su extensión fue obstaculizada por el régimen militar y por los períodos de gran crecimiento seguidos de recesiones. La promulgación del Estatuto del Trabajador Rural de 1963 y la implantación de la justicia laboral, de la previsión social y de la sindicalización en el campo abrieron el horizonte para la extensión de los derechos a los trabajadores rurales. Esta situación los llevó también a cuestionar la pésima distribución de la propiedad de la tierra y a luchar por una reforma agraria.

A fines de la década de 1970, ya en el contexto de la lucha por la vuelta de la democracia se organizó un fuerte movimiento social de trabajadores, que si bien se concentró en algunos puntos del país, al mismo tiempo, se extendió. Uno de los lugares centrales fue la periferia del estado de San Pablo, en cuyas organizaciones sindicales -hasta entonces limitadas por los controles estatales-, surgió un fuerte movimiento en defensa de una cultura del trabajo y de sus derechos. Allí tuvieron lugar las primeras huelgas que desafiaron al régimen militar, entre 1978 y 1980. Otro foco fue el interior de Pernambuco –zona productora de caña de azúcar–, donde se registraron las primeras huelgas de trabajadores rurales, culminando así el proceso de organización sindical en el campo, que había comenzado en la década de 1970.

Más tarde, a lo largo de los años ochenta, se formaron organizaciones que incluyeron diferentes tipos de trabajadores, grupos perjudicados por los efectos negativos de grandes proyectos (como las represas hidroeléctricas), y agrupaciones que luchaban por la reforma agraria. La amplitud, la diversidad y la fuerza de ese conjunto de movimientos sociales despertaron un interés internacional por el país, pues ponían de manifiesto la esperanza y el dinamismo de esas luchas, que contrastaban con la falta de entusiasmo y la morosidad demostradas por las elites para comenzar a saldar la inmensa deuda social acumulada.

Tiempo presente
En los últimos años, a nivel internacional se produjeron profundas transformaciones en el modelo de organización del trabajo y en el tipo de gerenciamiento. Estos cambios, que han afectado a diferentes naciones del mundo desarrollado, llegaron también a los países periféricos como el Brasil, antes “protegido” por la inestabilidad inflacionaria, las políticas industriales en beneficio de la producción local y los intensos movimientos sociales iniciados en la lucha contra el autoritarismo del régimen militar. Las consecuencias de estas transformaciones modernas son, paradójicamente, el retorno de formas de vulnerabilidad de las masas, semejantes a las que padecían las poblaciones trabajadoras antes de la época de la previsión social.

Las políticas de inspiración neoliberal aumentan la sensación de inseguridad aun en los sectores más formales y estables del mercado de trabajo y, desde ya, en las generaciones más jóvenes, que saben que no encontrarán las mismas oportunidades de trabajo que quienes les precedieron. La vulnerabilidad actual, a diferencia de la del período anterior a las leyes sociales, se produce después de la experiencia de protección, y esto acrecienta el sentimiento de pérdida y el sufrimiento. La privación de derechos adquiridos da lugar a luchas de resistencia, a veces desacreditadas y desesperanzadas. Pero fueron luchas de ese tipo las que llevaron adelante los artesanos ingleses, quienes expropiados por el avance de la llamada Primera Revolución Industrial del siglo XIX, inventaron y legaron para las generaciones siguientes una cultura del trabajo y de la solidaridad.

Hoy, el agravamiento de la desigualdad extrema en la distribución del ingreso y la riqueza es el problema central del Brasil. A esa creciente asimetría contribuyó, sin duda, el hecho de que, a partir de la década de 1960, se haya desalentado o bien destruido todo intento de reforma social, de reforma agraria, de reforma urbana y de universalización efectiva de la educación pública. Primero, con la dictadura militar y sus políticas de modernización con concentración del ingreso. Luego, a partir de 1985, con los sucesivos pactos entre las elites dirigentes y con la postergación de reformas sociales urgentes. Y, finalmente, con los intentos de aplicación de políticas neoliberales que exacerbaron las tendencias de exclusión social.

Desde ya, la anterior -y ahora debilitada-, concepción cultural y política que asociaba los derechos al mundo del trabajo puede revitalizarse, a partir de la búsqueda de nuevas expresiones de ciudadanía. Algunos puntos de partida posibles pueden situarse en el encuentro de un equilibrio de fuerzas entre el hombre y la mujer, tanto en la esfera pública como privada; en la reformulación del concepto de identidades étnicas indígenas y afro-brasileñas; en las luchas por la salud y la educación de las clases populares, así como en la defensa del medio ambiente.

Pero, más allá de esta propuesta, debemos reconocer que la proyección de los movimientos sociales –intensificados entre las décadas de 1980 y 2000–, la posibilidad progresiva de elegir representantes en los diversos niveles del Estado, las experiencias de gobierno en los niveles local y estatal, y la elección de un ex sindicalista metalúrgico e inmigrante nordestino como presidente de la República, todo ello produjo –no obstante las dificultades de las reglas del juego formales e informales del sistema político brasileño–, un cambio de ritmo en las transformaciones económicas que resultaban perjudiciales para los trabajadores. Es de esperar que la memoria y la herencia de los movimientos sindicales y sociales recientes (como los de defensa de derechos humanos y los ambientalistas), con su impulso de universalización de derechos y de solidaridad, se evidencien con mayor fuerza cuando sus representantes se enfrenten a la posibilidad de actuar en las diversas instancias del poder. •

Publicada en TODAVÍA Nº 14. Agosto de 2006