Apuntes sobre la experiencia chilena

por GUILLERMO CAMPERO sociólogo, Universidad de Chile/OIT

Una mirada sobre la realidad chilena nos revela nuevas visiones sobre el trabajo, capaces de aunar los principios del derecho laboral con las características de las economías liberalizadas. La necesidad de generar empleos de calidad, la movilidad y la flexibilidad protegida, y la ampliación del campo de acción sindical se imponen como temas impostergables del diálogo social.

A partir de mediados de la década de los setenta, la economía y la sociedad chilenas han vivido un proceso de profunda transformación. Sus orígenes deben buscarse en los cambios de la estructura económica orientados hacia la liberalización e integración al comercio y a las inversiones globales y en el régimen político autoritario que caracterizó esa etapa. Desde entonces, han surgido o se han replanteado temas que han ido conformando nuevas visiones sobre el trabajo. En este artículo nos centraremos en algunos de ellos que consideramos prioritarios, como el de la protección y el diálogo social, los derechos y el empleo como fuente de bienestar.

Una etapa de incertidumbre y posibilidades
En primer lugar, nos parece importante detenernos en una característica presente en todo este proceso: la incertidumbre. En efecto, los cambios experimentados en la década del setenta fueron tan marcados, que desarticularon las percepciones que importantes sectores de la población tenían sobre las reglas de la vida social y económica. Así, las nociones de competitividad, apertura, flexibilización y otras, aparecieron en la conciencia de parte de la población como amenazas, más que como oportunidades. La movilidad de los mercados de trabajo y las múltiples y volátiles competencias laborales fueron asimiladas en el imaginario colectivo como sinónimo de desempleo e inseguridad.

Esta situación de incertidumbre se debió no solo a la transformación estructural de la economía chilena, sino también al hecho de que estos cambios se iniciaron bajo un régimen político autoritario. Al no ser el resultado de consensos sociales y políticos, fueron percibidos, en gran medida, como ilegítimos. En un contexto de represión, se explica que las organizaciones sindicales y sus expresiones políticas adoptaran una posición centralmente defensiva.

Este análisis nos lleva a afirmar que toda transformación profunda como la vivida en Chile requiere, antes que nada, pasar por un proceso de legitimación. Para ello es necesario abrir un debate entre los actores sociales, con el fin de encontrar los acuerdos básicos acerca de cuáles son los cambios que representan posibilidades de progreso y cuáles no. Ésta es la primera conclusión sociopolítica que, más allá de los ciclos económicos de éxito o de crisis observados, arroja nuestro análisis de la experiencia chilena. A partir de allí, podemos avanzar con otras conclusiones sobre cultura y políticas del trabajo que consideramos fundamentales.

Hacia empleos de calidad
Hasta el presente, el proceso de transformación laboral en Chile ha mostrado que las políticas macroeconómicas que protegen rigurosamente la estabilidad del crecimiento son una base fundamental para la inversión y la creación de empleos. Sin embargo, ha quedado claro, además, particularmente en los últimos diez años, que no se trata solamente de aumentar las oportunidades laborales, sino también de asegurar la calidad del trabajo. En este sentido, es posible afirmar que un mercado extremadamente flexible y liberalizado como el chileno genera una rotación excesiva de los trabajadores que impacta de manera negativa sobre la capacidad empresarial de invertir en los recursos humanos, y así impide mejorar su competencia profesional y su productividad.

La creciente movilidad de factores técnicos y humanos, derivada de la adaptación a una economía altamente abierta y competitiva, dio lugar a diversos fenómenos de reconversión y ajuste que afectaron la cantidad, la distribución sectorial, la estabilidad y la calidad de los empleos. Se hace necesario, entonces, diseñar políticas que apunten a lo que podríamos denominar “movilidad y flexibilidad protegida”. Distintos actores públicos, políticos y sociales ya han comenzado a debatir este concepto, intentando identificar instrumentos que permitan a los trabajadores, a los empleadores y al gobierno desarrollar una política articulada que preserve, simultáneamente, las exigencias de adaptación de la economía y las protecciones y oportunidades que requiere el sector laboral.

En la agenda de estos debates, se han incorporado materias tales como la “flexibilidad pactada”, que consiste en establecer acuerdos entre trabajadores y empresarios acerca de la forma en que deben aplicarse los mecanismos de flexibilidad. Frente a eventuales situaciones de ajuste, la idea es que ambas partes analicen de manera conjunta las respuestas y acuerden, a través de convenciones colectivas, los mecanismos que permitan transitarlas, conservando al máximo el número de empleos. Recientemente, también se ha comenzado a evaluar la importancia de establecer sistemas público-privados de certificación de competencias profesionales para que los empleadores dispongan de una información estandarizada acerca de las características profesionales de los trabajadores. Estos sistemas, al facilitar el conocimiento sobre la capacidad técnico-profesional, pueden mejorar la relación entre la oferta y la demanda a nivel nacional.

Otro tema central para la nueva agenda es el de la relación entre las remuneraciones y la evolución de la economía. Asociar de manera adecuada los ingresos a la productividad es un requisito indispensable para lograr coherencia entre la política laboral y la macroeconómica. La experiencia vivida en Chile hasta mediados de los ochenta indica que la simple rebaja de los costos laborales, así como la desregulación de los sistemas de despido, no resultan instrumentos eficaces para articular el crecimiento económico con los requerimientos de competitividad internacional. Por el contrario, ha quedado demostrado que la capacidad de competir de una economía abierta no se sustenta, en el largo plazo, sobre la base de una mano de obra barata y fácilmente prescindible, sino en una fuerza de trabajo entrenada para elevar la productividad. Creemos, por lo tanto, que adecuar las remuneraciones de los trabajadores a los ritmos de productividad constituye una exigencia para un desarrollo sostenido.

Finalmente, si nos detenemos en el tema de la seguridad social, consideramos que es imprescindible elaborar políticas que avancen en dos líneas. Por un lado, es necesario que el sector público y el sector privado actúen juntos: la responsabilidad en este ámbito debe ser compartida para asegurar un financiamiento sólido del sistema y garantizar el acceso de la población a niveles básicos de asistencia. Por otra parte, se hace necesario encontrar vías de acceso a la seguridad social más eficaces, particularmente para quienes trabajan con regímenes contractuales transitorios, parciales o de autoempleo y, en general, para los nuevos sectores que están surgiendo bajo formas denominadas “atípicas”. Los sistemas clásicos, apropiados para los empleados permanentes, no son los adecuados para este otro tipo de trabajadores, por lo que resulta fundamental configurar mecanismos que respondan a sus características laborales.

Nuevos derechos laborales
La experiencia chilena ha sido particularmente compleja en el tema de los derechos laborales. Las políticas liberales representaron fuertes limitaciones a la libertad sindical y a las negociaciones colectivas. A pesar de que, a partir de 1979, se reconoció el derecho de sindicalización y de firmar convenios de trabajo, en la práctica siguió prevaleciendo la idea de que la agremiación y sus regulaciones protectoras constituían obstáculos para el funcionamiento del libre mercado.

Ahora bien, del estudio del período comprendido entre 1973 y mediados de los ochenta se desprende que una liberalización extrema del mercado de trabajo y de las relaciones laborales no necesariamente produce una adecuada asignación de los recursos materiales y humanos. Tampoco suministra mecanismos apropiados para la solución de conflictos que aseguren que la relación entre empleadores y trabajadores se desarrolle en un marco de estabilidad y de razonable equidad. La excesiva asimetría de poder erosiona la capacidad de integración social mínima que toda empresa requiere para funcionar con eficiencia.

Estas observaciones llevaron a reconsiderar la necesidad de generar mecanismos que permitan una mayor integración social y cultural de los trabajadores a las nuevas realidades de la economía y de las empresas. Se reconoció que la integración de los trabajadores constituye un factor de gran importancia a la hora de garantizar los resultados –tanto macro como microeconómicos– que persiguen las políticas implementadas desde los años setenta.

En ese sentido, queremos mencionar algunos de los temas que se están debatiendo y que consideramos prioritarios. Por un lado, resulta imprescindible ampliar el campo de acción de los sindicatos para que puedan superar las posiciones básicamente defensivas a las que fueron recluidos y asuman una posición más propositiva. En segundo lugar, es necesario que el sindicalismo se transforme en un actor capaz de representar la diversidad de las nuevas realidades laborales y de expresar su creciente heterogeneidad. Esto supone, por parte de los sindicalistas, reformular la idea clásica del mundo del trabajo como una realidad única, en favor de un concepto que otorgue mayor relevancia a las diferentes características que éste adquiere en cada lugar. En tercer lugar, es necesario redefinir los contenidos específicos de los derechos que amparan a los trabajadores. Lo importante en una economía liberal eficiente no es limitar los derechos, sino reformularlos de manera innovadora, de acuerdo con los requisitos de las nuevas realidades. En efecto, la forma concreta de definir los derechos fundamentales en el trabajo no es la misma en la actualidad que la que caracterizó los modelos económicos anteriores.

Podemos afirmar entonces, a modo de conclusión, que nuestro análisis de la experiencia chilena indica que los principios en que se asientan los derechos fundamentales del trabajo son compatibles con las características de las economías liberalizadas, siempre que se tomen en cuenta las modalidades que los derechos pueden adquirir en situaciones nuevas y en constante cambio. Más aún, lo sucedido en Chile indica que esta economía requiere como factor de integración social un conjunto de derechos laborales bien definidos. Sin ellos, el riesgo de inestabilidad y confrontación puede aumentar, afectando la capacidad de desempeño exitoso en un contexto de alta competitividad. Es necesario destacar, desde ya, que lo anterior solo es posible mediante un diálogo capaz de generar las bases de un nuevo consenso entre los actores, condición fundamental para la equidad, la estabilidad, la legitimidad y el éxito de las transformaciones que ha adquirido el desarrollo económico y social. •

Publicada en TODAVÍA Nº 14. Agosto de 2006