De igual modo, entre las diversidades que tendrían que ser respetadas ocuparían un lugar importante las nacionales, pero no serían las únicas; y deberían multiplicarse los esfuerzos por generar espacios de diálogo y de intercambio entre actores socioculturales diferentes, sin mengua de sus particularidades.

En otras palabras, el problema resultaría básicamente de escala pero la índole de las cuestiones no sería tan distinta y podría operar como disparador de preguntas que hoy ni siquiera llegan a formularse. Es en este sentido que la idea de una ciudadanía latinoamericana estaría en condiciones de cumplir una función doblemente movilizadora: por una parte, al instalar la idea misma de una comunidad regional de intereses, que aumentaría tanto nuestra capacidad de desarrollo como nuestra fuerza de negociación frente a las grandes potencias y sus grupos; y, por la otra, al impulsar el debate colectivo hoy tan silenciado en torno a la noción de ciudadanía y a su indispensable vinculación con el tema de los derechos humanos.

Es claro que mi referencia inicial al mito soreliano no fue inocente. En primer lugar, no cualquier concepción de la integración latinoamericana (o subregional) es armonizable con el espíritu de una analogía como la propuesta. Hasta ahora, los proyectos de esa índole que se han concretado fueron producidos “desde arriba”, por representantes de los sectores con mayor poder económico y político, los mismos que ya son parte de los contratos sociales excluyentes que rigen en nuestros países; y, obviamente, no es de eso que estoy hablando aquí. La construcción de una ciudadanía latinoamericana debe asumirse como una tarea conflictiva, que tiene que ubicarse de entrada en la arena de las luchas políticas e ideológicas como portadora de una demanda sostenida de solidaridad y de justicia social.

Después, se hace necesario reconocer que es muy grande el peso de los localismos y de las desconfianzas que conspiran contra una idea como ésta (Freud advirtió sabiamente acerca del “narcisismo de las pequeñas diferencias”, ése que lleva a extremar los recelos y los enfrentamientos entre quienes más se parecen y más ganarían con unirse). A modo de ejemplo, cabe señalar lo poquísimo que ha avanzado en los hechos la iniciativa de una “Europa de ciudadanos” desde que la introdujo en 1975 el Informe Tindemans, y ello a pesar de los éxitos palpables de la Unión Europea. (Basta leer los resultados periódicos del Eurobarómetro para comprobar que, recurrentemente, alrededor de la mitad de los encuestados expresan todavía hoy las reservas que les despierta ser miembros de dicha Unión).

Pero, insisto, como en el mito soreliano, en realidad importa menos saber si llegará a establecerse algún día una verdadera ciudadanía latinoamericana (por más deseable que esto sea), que utilizarla como un recurso eficaz para abrir de inmediato un debate fuerte en torno a la igualdad, a la integración y a las diferencias, en una región debilitada por la falta de unidad y en naciones que se dicen democráticas pero donde los derechos plenos de ciudadanía constituyen un privilegio de minorías. Desde Bolívar a Mariátegui, pasando por Ugarte o por Martí, estoy convencido de que serían pocos los próceres latinoamericanos que objetarían que hoy se promueva intensamente un uso activo de su proyecto en los términos que planteo.